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MensajearMorelia, Michoacán., a 15 de noviembre de 2018. Como parte de las actividades académicas para difundir la importancia del respeto de los derechos humanos y abonar a la sensibilización, el Poder Judicial de Michoacán llevó a cabo el evento Análisis de sentencia a la luz del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.
Organizado en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia, es el séptimo en su tipo realizado en 2018 en la Sala de Oralidad del Palacio de Justicia del Centro Histórico y en los que se ha logrado más de 800 asistentes, entre personal jurisdiccional y administrativo, abogados postulantes, estudiantes de derecho, entre otros.
El juez civil de Los Reyes Miguel Alejandro Rangel González resaltó la importancia de visibilizar a las personas con algún tipo de discapacidad -como visual, auditiva y motriz, cuyas barreras impiden su participación en igualdad de condiciones- al momento de impartir justicia para evitar cualquier situación de discriminación. Asimismo reflexionó sobre la importancia de que como sociedad se tomen las medidas necesarias para eliminar estas barreras.
En las resoluciones de la Corte analizadas se observa la aplicación de marcos normativos nacionales e internacionales sobre los derechos fundamentales, así como los lineamientos establecidos en los protocolos.
Por su parte, Alberto Hernández Ramírez, director del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado, contextualizó que en Michoacán (según datos del INEGI) la población con alguna limitación de la actividad es de 212,874 personas, de las cuales 119,109 la tienen para caminar o moverse, 57,350 para ver, 24,592 no escuchan, 19,223 con discapacidad mental, 18,077 limitación para hablar o comunicarse y 9,929 con problemas para atender adecuadamente su exterior.
En ese sentido, comentó de la importancia de una capacitación íntegra sobre el tema a servidores públicos, como juzgadores, para contar con herramientas técnicas suficientes para una adecuada impartición de justicia, los elementos que la constituyen, cómo se debe abordar desde su actividad y aportar a la sensibilización para tener criterios correctos y legales que permitan una atención apropiada.
Finalizó explicando que el Protocolo es un instrumento que permite generar las condiciones de acceso a la justicia a las personas con discapacidad pues ahí se establecen principios como el de mayor protección, igualdad y no discriminación, igualdad entre
hombre y mujer, de accesibilidad, así como respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas.
